Volume 5, No. 2 • Junio de 2022   Issue PDF

Derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico

Brian Thomas, JD

Esta información es un resumen limitado del derecho de los pacientes adultos competentes a rechazar la sangre y hemoderivados basándose en sus creencias religiosas. El derecho a rechazar un tratamiento médico es un área muy compleja de la ley. Cabe destacar que este resumen no pretende ser un consejo legal. Las declaraciones de la ley y las opiniones legales deben ser revisadas atentamente teniendo en cuenta las promulgaciones legales y la jurisprudencia más recientes. Además, pueden aplicarse diferentes normas en función de la jurisdicción en la que se ejerza.

Introducción

Consentimiento informadoEl derecho a rechazar un tratamiento médico se basa generalmente en el derecho de libre determinación del propio cuerpo, en el principio ético de respeto a la autonomía1 y en la doctrina del consentimiento informado2. Además, el derecho a rechazar un tratamiento también proviene del derecho constitucional federal y estatal a la privacidad3. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos también ha sostenido que una persona competente tiene un interés de libertad en la Cláusula del Debido Proceso para rechazar cualquier tratamiento médico no deseado4. El derecho a rechazar un tratamiento médico también puede basarse en la libertad de religión5. Los pacientes competentes tienen derecho a rechazar cualquier tratamiento médico, incluyendo las transfusiones de sangre y hemoderivados para ellos6. Por consiguiente, a un paciente adulto competente que no quiera recibir sangre o hemoderivados se le debe exigir que firme una exención de responsabilidad que explique los riesgos inherentes al rechazo del tratamiento y que exima de toda responsabilidad a los proveedores de atención médica, al hospital, al centro y a cualquiera de sus empleados y agentes. Sin embargo, como pone de relieve este estudio de caso, incluso cuando a los pacientes adultos competentes o a sus representantes legales se les dan explicaciones exhaustivas sobre el consentimiento informado y los riesgos de rechazar la sangre y hemoderivados, y esa información se documenta en la historia clínica, eso no necesariamente evita que se inicien litigios contra esos proveedores de atención médica si se produce una lesión o muerte del paciente.

Estudio de caso

Un paciente de 54 años con antecedentes de náuseas, fatiga y múltiples episodios sincopales llegó en ambulancia al departamento de emergencias del hospital. El paciente era testigo de Jehová y advirtió a sus proveedores que no quería recibir sangre ni hemoderivados. Su hemoglobina (Hgb) era de 9.5.

Después de observar al paciente durante aproximadamente seis horas, la unidad de decisión clínica determinó que al paciente se le debe hacer una esofagogastroduodenoscopia (EGD). Mientras se preparaba para ese procedimiento, el paciente experimentó hipotensión y un aumento de la frecuencia cardíaca al intentar ponerse de pie. Debido a este episodio y a la disminución de su Hgb, se ordenó una consulta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El personal de la UCI evaluó al paciente y observó que estaba más estable hemodinámicamente mientras estaba acostado. Una nota de evolución introducida por el encargado de la UCI indicaba que el gastroenterólogo había hablado de la endoscopia con el servicio de anestesia, pero afirmaba que «anestesia determinó que el paciente está actualmente demasiado inestable para someterse al procedimiento en este momento». Un residente de la UCI documentó que llamó al anestesiólogo y analizó el caso, pero el anestesiólogo no estaba dispuesto a llevar al paciente para la endoscopia. El personal de la UCI administró entonces líquidos por vía intravenosa en un esfuerzo por estabilizar al paciente para la EGD, pero su condición empeoró en las horas siguientes.

En última instancia, se hizo una EGD de emergencia al pie de la cama el día del ingreso. La EGD reveló sangre coagulada en el fondo gástrico y una úlcera sangrante en el intestino, que fueron coaguladas por el endoscopista.

Al día siguiente, la condición del paciente se deterioró y se volvió más inestable hemodinámicamente; su Hgb bajó a 3.5, y fue intubado y sedado. Se hizo una laparotomía exploratoria y se encontró una úlcera sangrante de 2 cm en la pared medial del duodeno. La úlcera fue suturada por el cirujano. Otro anestesiólogo administró la anestesia general para el segundo procedimiento. Señaló que el poder notarial (POA) del paciente consintió la intervención quirúrgica y volvió a rechazar los hemoderivados. El anestesiólogo señaló en la evaluación preanestésica que informó al POA que, sin la transfusión de sangre, el paciente probablemente no sobreviviría a la cirugía. El paciente fue evaluado como 5E según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos.

Al día siguiente, se administraron al paciente 5 unidades de Hemopure®, una alternativa a la sangre, que aumentó su Hgb a 4.5. El paciente sobrevivió al procedimiento y volvió a la UCI. Sin embargo, el paciente sufrió una parada cardiaca esa misma mañana; los esfuerzos de reanimación se abortaron tras una discusión con la madre del paciente, y este falleció.

La madre del paciente demandó al médico de la sala de emergencias, al residente de la UCI, al médico de la UCI, al gastroenterólogo, al anestesista y al hospital. La demandante alegó que los demandados incumplieron el estándar de atención al no tratar la hemorragia interna del paciente de manera oportuna.

La demandante alegó que los demandados deberían haber hecho la EGD y la laparotomía antes. La demandante contrató a tres expertos para apoyar su teoría: un experto en medicina interna, un experto en gastroenterología y un experto en anestesiología. Los tres expertos opinaron que los demandados incumplieron el estándar de atención al no tratar al paciente antes de que su recuento sanguíneo bajara tanto.

Los demandados solicitaron una disposición de juicio sumario en virtud de la ley estatal.* Los demandados argumentaron que, aunque fueran negligentes, la doctrina de las consecuencias evitables impedía que la demandante obtuviera una indemnización. Los demandados señalaron que, en virtud de la doctrina de las consecuencias evitables, una parte no puede recuperar las pérdidas que podría haber evitado mediante un esfuerzo o gasto razonable. Los demandados argumentaron que el paciente podría haber evitado la muerte si hubiera aceptado una transfusión de sangre, un tratamiento mínimamente invasivo y con poco riesgo.

El tribunal concedió la moción de juicio sumario de los demandados. El tribunal determinó que, al rechazar una transfusión de sangre, el paciente no había aprovechado los medios objetivamente razonables para evitar las consecuencias de la supuesta conducta negligente de los demandados. El tribunal determinó que la transfusión de sangre era un procedimiento mínimamente invasivo y que los tres testigos expertos de la demandante estaban de acuerdo en que probablemente habría salvado la vida del paciente. La demandante apeló la decisión del tribunal ante el tribunal de apelaciones del estado. El tribunal de apelación confirmó la sentencia del tribunal inferior, lo que dio como resultado que se desestimara definitivamente este litigio.

El derecho a rechazar un tratamiento médico normalmente es un área muy compleja de la ley. En virtud de los precedentes legales contradictorios, la validez del rechazo del tratamiento depende de la situación del paciente. Por ejemplo, si el paciente es menor de edad, los tribunales han ordenado por lo general que se le administren transfusiones de sangre en los casos en que la vida corre peligro, a pesar de las objeciones de los padres que basan su decisión en motivos religiosos. Las leyes estatales varían y son menos claras en el caso de un menor en una situación en la que su vida no corra peligro. Si el menor es un adolescente, es probable que la negativa conjunta del paciente y los padres sea válida.

Tabla 1: Describe las estrategias de gestión de riesgos para los proveedores que manejan pacientes que rechazan el tratamiento médico.

Tabla 1: Muestra estrategias de gestión de riesgo para proveedores que tratan pacientes que se niegan a recibir un tratamiento médico.

Por estas razones, los anestesiólogos y otros profesionales de la atención médica deben buscar el consejo y la asistencia de un consejero legal cuando atienden a un paciente que rechaza el tratamiento médico (tabla 1). Además, los hospitales y centros necesitan desarrollar una respuesta antes de una emergencia médica debido a estas mismas complejidades. Si los procedimientos no están ya establecidos, puede ser imposible reunir los recursos necesarios en el tiempo que requiere una emergencia médica.

*Las razones de una sentencia de juicio sumario varían de conformidad con la ley federal y estatal. Los motivos por los que se concedió la moción de juicio sumario en este caso fueron: «la parte contraria no ha formulado una demanda sobre la que se pueda conceder una reparación», y «no hay un asunto genuino en cuanto a cualquier hecho material, y la parte que presenta la moción tiene derecho a una sentencia como asunto de derecho».

 

Brian J. Thomas, JD, es vicepresidente de Gestión de Riesgos en Preferred Physicians Medical (PPM), una compañía de responsabilidad profesional médica para profesionales de la anestesia, en Overland Park, KS.

El autor no tiene ningún conflicto de interés.

Referencias:

  1. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical ethics: a practical approach to ethical decisions in clinical medicine. 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2022.
  2. See, e.g., In re Storar, 52 N.Y.2d 363, 438 N.Y.S. 2d 266, 420 N.E. 64. https://casetext.com/case/matter-of-storar-2. Accessed April 18, 2022.
  3. See, e.g., Superindendent of Belchertown State School v. Saikewics, 372 Mass. 728, 370 N.E.2d 417. https://casetext.com/case/superintendent-of-belchertown-state-sch-v-saikewicz?sort=relevance&type=case&resultsNav=false&tab=keyword. Accessed April 18, 2022.
  4. Cf., e.g., Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 24–30, 25 S.Ct. 358, 360-363 L.Ed. 643. https://casetext.com/case/henning-jacobson-v-commonwealth-of-massachusetts?sort=relevance&type=case&resultsNav=false&tab=keyword. Accessed April 18, 2022.
  5. U.S. Const. amend. I. https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/. Accessed April 18, 2022.
  6. See Cruzan v. Director Missouri Department of Health, 110 S.Ct. 2891 (1990). https://casetext.com/case/cruzan-v-director-mdh?sort=relevance&type=case&resultsNav=false&tab=keyword. Accessed April 18, 2022.
  7. When Patients Refuse Treatment: Medical Ethics Issues for Physicians. NORCAL Group ProAssurance Knowledge Library. July 5, 2017. https://www.norcal-group.com/library/when-patients-refuse-treatment-medical-ethics-issues-for-physicians. Accessed April 19, 2022.